¡ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO ES MI PRESIDENTE!

Por Jaime Gómez Alcaraz – Analista Internacional



No reconozco la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

No porque haya perdido una opción política determinada, sino porque considero que el proceso electoral aún está rodeado de graves cuestionamientos que, a mi juicio, impiden dar por plenamente legitimado su resultado. Existen centenares, sino miles de denuncias sobre presuntas irregularidades electorales que siguen sin ser esclarecidas; numerosas acciones judiciales continúan pendientes de decisión entre ellas la tutela que yo mismo interpuse y que aún no ha sido resuelta. Para no hablar de los 3 millones y medio de firmas falsas que utilizó para registrar su candidatura y que para el Consejo Nacional Electoral fue apenas un detalle en el paisaje.

Tampoco se ha investigado con la profundidad que merece la descarada injerencia de Donald Trump, el pedófilo presidente de Estados Unidos, en el proceso electoral colombiano, un asunto cuya gravedad trasciende cualquier diferencia ideológica y que, afecta de plano la validez misma de las elecciones.

La democracia no consiste únicamente en depositar un voto. También exige que las controversias sean investigadas de manera independiente, transparente y exhaustiva. Sin verdad no puede haber confianza; sin confianza, la legitimidad democrática queda inevitablemente debilitada.

Existe además un hecho que, para mí, tiene un enorme significado político y ético. Por primera vez, Colombia será gobernada por una persona que decidió adquirir la ciudadanía estadounidense y, al hacerlo, prestó el juramento de lealtad exigido por ese Estado. Aunque la doble nacionalidad pueda ser jurídicamente válida, considero que reviste de una ilegitimidad incuestionable la elección de ADLE y por ello es lógico preguntarse qué implicaciones políticas tiene que quien ocupa la más alta magistratura de Colombia haya asumido previamente un compromiso formal de lealtad hacia otro país por encima del nuestro.

A ello se suma una profunda discrepancia con el proyecto político del nuevo gobierno. Considero que varias de sus propuestas representan una cesión de soberanía nacional al supeditar decisiones estratégicas del Estado colombiano a los intereses de otra potencia. Un país verdaderamente soberano decide su destino desde Bogotá, no desde los corredores de Washington.

No escribo estas líneas desde el odio ni desde el sectarismo. Las escribo porque creo que la democracia exige ciudadanos capaces de cuestionar al poder, de defender la soberanía nacional y de exigir que toda autoridad nazca de un proceso electoral libre de cualquier duda razonable.

Mi compromiso sigue siendo con Colombia, con su pueblo y con el derecho de los ciudadanos a exigir elecciones plenamente transparentes, instituciones independientes, garantía a sus derechos sociales, civiles, político y económicos y una soberanía que no esté subordinada a intereses extranjeros.

Por todo ello, estos son tiempos de resistencia. El fascismo es la antípoda de la acción política democrática. Con el fascismo no se negocia, al fascismo se le resiste con organización, conciencia y se le desenmascara en cada espacio. ¡El fascismo no pasará en Colombia!


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