25 años de la Resolución 1325: 

UN MODELO GLOBAL DE INCLUSIÓN Y JUSTICIA DE GÉNERO

Por Jaime Gómez Alcaraz - Analista Internacional

El 31 de octubre del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, un hito histórico en el reconocimiento del papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como en la construcción de paz. Veinticinco años después, este instrumento sigue siendo una referencia ética y política esencial, aunque su implementación continúa siendo desigual y parcial.

La Resolución 1325 surgió tras los conflictos de los años noventa —Bosnia, Ruanda, Sierra Leona— que evidenciaron la brutalidad de la violencia sexual como arma de guerra y la exclusión sistemática de las mujeres de los procesos de negociación. A partir de ello, la resolución estableció cuatro pilares fundamentales: participación, protección, prevención y recuperación. Estos principios apuntaban a transformar las estructuras patriarcales de la seguridad internacional, reconociendo a las mujeres como agentes activas en la construcción de la paz.

Sin embargo, los avances globales han sido limitados. Menos del 10 % de los acuerdos de paz incluyen cláusulas de género, y la representación de las mujeres en las negociaciones sigue siendo marginal. En este panorama, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2016) destaca como una de las experiencias más innovadoras y coherentes con el espíritu de la Resolución 1325.

Durante las negociaciones en La Habana, se creó la Subcomisión de Género, la primera en la historia de un proceso de paz. Su objetivo fue transversalizar la perspectiva de género en todos los puntos de la agenda. Además, más de 60 delegaciones de mujeres y organizaciones LGBTI aportaron propuestas que se tradujeron en compromisos concretos: acceso equitativo a la tierra para las mujeres rurales, medidas específicas de reparación para víctimas de violencia sexual y promoción de la participación política femenina en la implementación del acuerdo.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incorporó un enfoque diferenciado de género, reconociendo los crímenes de violencia sexual como violaciones graves del derecho internacional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad han dado pasos significativos en visibilizar los impactos específicos del conflicto sobre las mujeres y en garantizar su participación en la búsqueda de justicia.

Asimismo, la creación de la Instancia Especial de Mujeres para el Seguimiento del Enfoque de Género asegura una vigilancia permanente sobre la implementación de los compromisos adquiridos, aunque los desafíos persisten, sobre todo en las regiones más afectadas por la violencia y la desigualdad.

A veinticinco años de la Resolución 1325, el caso colombiano demuestra que es posible traducir sus principios en políticas concretas y participativas. Sin embargo, también recuerda que la paz con perspectiva de género no es un punto de llegada, sino un proceso continuo que exige voluntad política, recursos sostenidos y una transformación profunda de las estructuras sociales. Solo así, la promesa de la 1325 —una paz justa, incluyente y duradera— podrá hacerse realidad.